En el ámbito judicial español, los jueces suelen otorgar mayor valor a los informes médicos públicos y a los realizados por médicos forenses, en comparación con los informes de parte, que suelen ser contratados por una de las partes del litigio. Esta preferencia se basa en la percepción de imparcialidad y objetividad que rodea a los peritos forenses y funcionarios públicos, ya que no están vinculados a intereses económicos específicos ni a las partes implicadas en el proceso.
Un informe médico-forense, por ejemplo, es realizado por un profesional adscrito a la Administración de Justicia, lo que genera la confianza de que sus conclusiones se basan en criterios científicos y técnicos libres de influencias externas. En cambio, los informes de parte, aunque técnicamente válidos, son a menudo vistos con sospecha, ya que el hecho de que el perito sea pagado por una de las partes puede levantar dudas sobre su imparcialidad.
Los abogados defensores, por su parte, argumentan que los jueces no deberían desestimar automáticamente los informes de parte, ya que pueden estar basados en evaluaciones rigurosas. Sin embargo, la jurisprudencia española tiende a preferir los informes de la Administración, precisamente por su presunta neutralidad. El Tribunal Supremo ha confirmado en varias ocasiones que los informes forenses suelen tener un «plus» de fuerza probatoria en virtud de la objetividad inherente al trabajo de los funcionarios públicos frente a los informes de parte.
Además, desde un punto de vista médico, los informes privados a menudo son cuestionados porque, al ser pagados, pueden interpretarse como tendenciosos o diseñados para favorecer a quien los contrata. Esta desconfianza ha llevado a que muchos jueces opten por basar sus decisiones en informes médicos y periciales realizados por profesionales públicos, lo que disminuye la probabilidad de que existan sesgos por motivos económicos.
Por tanto, aunque ambos tipos de informes pueden presentarse en juicio, la preferencia judicial por los informes públicos sigue siendo una tendencia fuerte en el sistema judicial español.
