Los menores retenidos en espera de asilo en los aeropuertos de España

En los aeropuertos europeos, es común encontrar a niños que están en proceso de inmigración junto con sus familias. Estos niños pueden estar llegando al país como refugiados o inmigrantes en busca de una vida mejor. En muchos casos, estos niños han experimentado situaciones traumáticas en sus países de origen y están en busca de seguridad y oportunidades en Europa. Es muy habitual que la Policía no deje entrar a viajeros que simulan venir de visita con intenciones de quedarse a residir en España.

El caso en el que actuaron el abogado del ICAB Luis Soto Tejedor (https://sglegalconsulting.com) y el investigador privado Víctor Fernández Massó llevó a poder obtener imágenes con relevancia pública para poder acreditar y destapar todos los tratos, condiciones penosas sufridas en inmigración del aeropuerto del Prat. 

Lugar donde la autoridad no cumple con los derechos mínimos de los niños.

El problema fue que dos menores junto con su padre se quedaron atrapados en un laberinto de burocracia propiciando por la Policía Nacional de extranjería en el aeropuerto del Prat (Barcelona). El progenitor lo llevaba todo en regla para poder entrar al país: una reserva de hotel, un vuelo de regreso y la solvencia económica acreditada además tenía la documentación para solicitar asilo tras participar en las Fuerzas Armadas Colombianas contra el narcotráfico y estar en peligro tras diversos altercados sufridos.
Los problemas empezaron al enterarse la Policía de que su mujer ya vivía en España sospecharon de que su intención real era quedarse y no le dejaron pasar ni prosiguieron con el asilo.

Lo excepcional es que retuvieron a los menores unos 7 días en el aeropuerto teniendo en cuenta que su madre estaba dentro de la Comunidad Europea, con permiso y trabajando.

En este artículo se quieren destacar las condiciones que mediante imágenes pudimos conseguir. Estas evidencias demuestran la dejadez de estos lugares por parte de las autoridades públicas del estado como se aprecia en el siguiente vídeo. Literas sucias situadas en medio de oficinas, comida deficiente, no existe ni una terraza ni una ventana donde poder respirar aire. Los niños no cuentan ni con juguetes ni con entretenimiento alguno mientras esperan sin entender que esta sucediendo ni el motivo pode no poder salir durante días .

Es fundamental que se respeten los derechos de estos niños, incluido su derecho a la protección y a la reunificación familiar. También es importante que se les brinde la oportunidad de integrarse en la sociedad de manera positiva, recibiendo educación y apoyo para superar las barreras culturales y lingüísticas que puedan enfrentar.

En el aeropuerto, estos niños pueden estar cansados, asustados y confundidos por la nueva situación en la que se encuentran. Es importante que las autoridades y organizaciones de ayuda proporcionen apoyo y atención especial a estos niños, asegurándose de que reciban la atención médica, emocional y legal que necesitan., los niños en inmigración en un aeropuerto europeo necesitan ser tratados con compasión, respeto y cuidado, asegurándose de que tengan las necesidades cubiertas.

Consecuencias del internamiento prologando de seres humanos

El 15 de marzo de 2024 fue publicado el artículo “Explorando las implicaciones del aislamiento. Un estudio profundo”, en la revista Depósito Legal B-47398-2009, ISSN 2013-6714 – Amazings y NCYT. 

 

El artículo aborda de manera profunda las implicaciones del aislamiento en diferentes contextos, centrándose en el enclaustramiento voluntario, involuntario e involuntario doble. Análisis de contextos y consecuencias El estudio se sumerge en el complejo tejido del enclaustramiento, examinando en profundidad tanto el enclaustramiento voluntario como el involuntario en contextos diversos, desde los monasterios hasta los centros penitenciarios. El objetivo principal radica en identificar las diferencias y similitudes entre estas formas de aislamiento, así como en proponer soluciones concretas que puedan mejorar la calidad de vida de las personas atrapadas en situaciones de enclaustramiento involuntario. Casos estudiados: Monasterios y centros penitenciarios Para alcanzar este propósito, se analiza minuciosamente el funcionamiento de un Monasterio de la orden de las Mínimas y del centro penitenciario Quatre camins, con un enfoque particular en el aislamiento solitario en Quatre Camins (DERT).

La investigación se centra en identificar deficiencias en ambos sistemas para poder implementar mejoras que beneficien a las comunidades enclaustradas, mejorando sus condiciones físicas y psicológicas. Enclaustramiento involuntario y doble Dentro de este estudio, se profundiza en los efectos físicos, psicológicos y sociales más destacados causados por el enclaustramiento involuntario en prisión, así como en situaciones de doble enclaustramiento involuntario en el DERT (Departaments Especials de Règim Tancat) o aislamiento solitario. Se busca comprender a cabalidad cómo estas condiciones extremas afectan la salud mental y emocional de los individuos, tanto a corto como a largo plazo. 

Conclusiones y soluciones propuestas 

Las conclusiones extraídas de esta investigación ponen de manifiesto la gravedad de los problemas que enfrentan las personas en enclaustramiento involuntario en prisiones, especialmente en el aislamiento penitenciario, donde se pueden experimentar efectos devastadores en la salud mental y emocional.

Además, se resalta la importancia de comprender las diferencias entre el enclaustramiento voluntario e involuntario, así como sus impactos en la psique y en las relaciones interpersonales. En cuanto a las soluciones propuestas, se aboga por un enfoque integral que promueva la comunicación, el contacto con la naturaleza, la interacción social y la reintegración gradual a la sociedad como elementos clave para mejorar la calidad de vida de las personas enclaustradas. Se enfatiza la necesidad de considerar el bienestar integral de estas personas, buscando estrategias que favorezcan su salud física, mental y emocional.

Diferencias entre tipos de enclaustramiento Además, se profundiza en las diferencias entre el enclaustramiento voluntario e involuntario. Se subraya cómo la elección consciente de aislarse del entorno social puede tener impactos significativos en la percepción de uno mismo y en las relaciones interpersonales.

Por otro lado, el enclaustramiento involuntario y doble implica una restricción forzada que puede llevar a una mayor alienación y deterioro de la salud mental. Soluciones propuestas y referencias.

Entre las soluciones propuestas se encuentran la modificación de las formas de construcción y diseño ambiental en las instituciones de enclaustramiento, priorizando entornos que transmitan paz y calma en lugar de solo en la seguridad. Se aboga por la reeducación y reinserción, creando entornos que fomenten la rehabilitación de los individuos. Asimismo, se propone la incorporación de zonas verdes con vegetación en las instituciones de enclaustramiento, ya que se ha demostrado que la presencia de áreas verdes puede contribuir a reducir el estrés, la ansiedad y mejorar la salud mental de las personas enclaustradas.

Este estudio subraya la importancia de abordar el enclaustramiento desde una perspectiva multidimensional, considerando tanto los aspectos individuales como los contextuales, y proponiendo medidas que favorezcan la salud y el bienestar de las personas en situaciones de aislamiento involuntario.

Estas soluciones obtenidas apuntan a mejorar las condiciones de vida y el bienestar de las personas enclaustradas, promoviendo entornos más humanizados, centrados en la rehabilitación y el cuidado integral de los individuos que atraviesan situaciones de confinamiento.

noticias jurídicas

DELITOS ECOLÓGICOS AMBIENTALES EN LAS DEPURADORAS: POSIBLE CASO EN RÍO LLOBREGAT DE BACELONA

En este artículo vamos a mencionar un caso el cual fue publicado recientemente mediante la Hemeroteca de la Biblioteca de Catalunya ISSN: 2938-8430, ofreciendo un resumen detallado de los principales puntos abordados en procedimientos juidicos y investigaciones del caso llevado por el bufete.

La denuncia fue iniciada y presentada a nombre de la asociación Les Agulles-Ecologistes en Acció ante la Fiscalía Provincial de Barcelona se centra en los daños ecológicos y ambientales causados por las depuradoras ubicadas en la desembocadura del río Llobregat, en Barcelona.

En la denuncia e informes periciales presentados junto a documentación se evidencia claramente que la principal responsable de estos vertidos es la depuradora EDAR Gavà- Viladecans, gestionada por el AMB, que vierte la mayor parte de sus aguas residuales, tratadas y sin tratar, directamente a la laguna de la Murtra, la cual forma parte de la red Natura 2000 como espacio protegido. Estas aguas contaminadas acaban fluyendo al mar y extendiéndose por las costas y playas adyacentes de Viladecans y Gavà, algo que está expresamente prohibido por la legislación española y europea, salvo en casos excepcionales y puntuales, por ejemplo ante lluvias torrenciales. Estos vertidos reiterados de aguas fecales sin depurar están causando graves daños ambientales en la laguna, el mar y las playas cercanas, con potenciales efectos negativos

sobre la salud pública que han llevado incluso al cierre temporal de algunas playas en ocasiones.

También se realizó una entrega de la documentación junto a una comparecencia del grupo ecologista en el Parlamento de Catalunya a fecha 23 de enero de 2024 a las 17:07.

En resumen, los documentos recogen los graves impactos ecológicos y ambientales causados por los reiterados vertidos de aguas residuales sin depurar provenientes de las depuradoras de la zona, en un espacio natural protegido de gran valor, con el objetivo de que cesen estas prácticas y exigiendo las responsabilidades pertinentes.

Publicación de artículos por la Revista Rambla sobre un caso de mobbing inmobiliario en Barcelona (apartamentos turísticos)

La Revista Rambla está en proceso de publicación de una serie de artículos los cuales sglegalconsulting es uno de los actores describe uno de nuestros casos de acoso inmobiliario que tuvo gran relevancia mediática en Barcelona. La investigación reveló la existencia de una de las mayores tramas de pisos turísticos ilegales en la ciudad, la cual fue multada con una multa récord por el consistorio de la ciudad condal.

La investigación puso de manifiesto varias prácticas abusivas por parte del propietario del inmueble para reconvertir las viviendas en alquileres turísticos:

  • Presencia de ocupantes ilegales que acosaban a los residentes.
  • Uso manipulativo de la mediación para imponer acuerdos desfavorables a los inquilinos.
  • Problemas de suministro de agua y electricidad para los residentes.
  • Obras ilegales de demolición del edificio, poniendo en riesgo la seguridad de los vecinos.

El artículo también menciona una investigación en profundidad sobre las redes empresariales y asociaciones de

inversores implicados en este sistema de pisos turísticos ilegales en Barcelona y Madrid.

Primer artículo: https://www.revistarambla.com/patrones- de-comportamiento-detectados-en-las-tramas-de-pisos- turisticos-ilegales-en-ciudades-y-municipios-como- barcelona-y-madrid-trama/

Molestias sonoras vecinales Barcelona, distrito de Sarrià- Sant Gervasi.

Este caso llevado por el bufete vino por unos problemas comunitarios en Barcelona debidos a molestias sonoras producidos por un gimnasio de boxeo en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi.

El problema se solucionó mediante un informe pericial en acústica forense realizado por el investigador Victor F.M. En el informe se detalla una situación en la que una propietaria se queja de constantes molestias debido al ruido proveniente del piso inferior de su residencia, afectando también a gran parte de la comunidad. Tras realizar mediciones acústicas, se medió con el causante del problema, el cual modifico algún aspecto que considero óptimo. Al poco tiempo pudimos constatar que las vibraciones y sonidos persistían a pesar de las medidas tomadas por la empresa de la planta baja del inmueble. A pesar de la remodelación con aislantes para las vibraciones, no se logró inicialmente mejorar la situación.

Para poder entender la situación se realizaron pruebas mediante cajas de resonancias musicales asemejando que tanto una caja de resonancia musical como una habitación pueden influir en la percepción y el control del ruido. Pero aislando la primera caja no solucionarían las vibraciones, especialmente aquellas provocadas en altura que pueden derivar en resonancias.

Además, se debe destacar que las vibraciones aumentan

con la altura y aún más en un edificio, siendo la transmisión de vibraciones y el diseño de la estructura factores determinantes que afectan a los pisos superiores. El informe resalta claramente que las vibraciones en un inmueble pueden incrementar en altura, y destaca la importancia de la estructura del edificio en la transmisión de dichas vibraciones.

En resumen, el informe concluye que las molestias por las resonancias persistentes y las vibraciones en el inmueble no pudieron solucionarse con medidas aislantes, siendo un desafío mitigar los problemas de vibraciones y resonancias causados por la actividad de boxeo en la planta baja y su impacto en la estructura del edificio debido a que esta planta baja cuenta con otras plantas subterráneas. Las plantas subterráneas actúan como cajas de resonancia, amplificando el sonido, lo que provoca que las vibraciones y sonidos se transmitan en ambas direcciones, incrementando las molestias. Cabe destacar que estas plantas subterráneas correspondían a aparcamientos, espacios grandes sin separaciones que actúan como cajas de resonancia, amplificando el sonido.

Finalmente, se consiguió que el grupo empresarial entendiera el problema y cerrara la sucursal que causo tantos estragos a los residentes de la comunidad de propietarios. Destacar la incompatibilidad de una actividad como el boxeo en lugares que no estén en suelo firme para amortiguar las vibraciones y resonancias.

Desastre medioambiental ejemplo
Desastre medioambiental ejemplo

PISOS TURÍSTICOS DE BARCELONA, MÁS Y MÁS NOTICIAS

Juez de Guardia y sus competencias jurisdiccionales VS la vulneración de los derechos de la persona extranjera 

Cuando se habla de “derecho español”, uno de los problemas más complejos y delicados a los que podemos referirnos es el conflicto de competencias jurisdiccionales, especialmente en situaciones que involucran la vulneración de los derechos de una persona extranjera.

Debido a ciertos actos llevados a cabo estas últimas semanas por ciertos jueces, me gustaría tocar un tema ciertamente controvertido pero por completo necesario: la negativa de un juzgado de guardia a suspender una resolución administrativa de retorno de una persona extranjera al país de origen, alegando falta de competencia jurisdiccional.

¿Qué significa “suspender una resolución administrativa de retorno de una persona extranjera al país de origen”?

Cuando una persona extranjera recibe una orden del gobierno para ser devuelta a su país de origen (lo que se llama «resolución administrativa de retorno») en España, esta persona puede intentar detener temporalmente esa devolución mientras se examina su caso.

Para ello, podría pedir a un juez que suspenda esa orden de manera provisional.

En situaciones de emergencia, si el juzgado que normalmente se encarga de estos casos (llamado Juzgado de lo Contencioso-Administrativo) está cerrado, por ejemplo, por vacaciones, la persona puede recurrir a otro juez que esté disponible en ese momento, conocido como «juez de guardia». Este juez suele estar disponible para casos urgentes y de emergencia fuera del horario normal.

Sin embargo, a veces el juez de guardia puede negarse a intervenir, alegando «falta de competencia jurisdiccional«. Esto significa que el juez considera que no tiene la autoridad legal para tomar decisiones en ese tipo de casos, porque no es el juzgado especializado para resolverlos. Para que nos entendamos, la negativa se basa en que el juez de guardia cree que no es el órgano adecuado para suspender una decisión administrativa de este tipo, y por lo tanto, decide no actuar.

Esto puede generar un conflicto legal sobre si el juez de guardia debería o no intervenir en situaciones urgentes donde pueden estar en juego derechos fundamentales, como el derecho a no ser devuelto a un país donde la persona pueda correr peligro.

Entonces, si contamos con que hablamos de una situación bastante fuera de lo común y hasta peligrosa para la persona, se deberían analizar las implicaciones legales de tal decisión, la posible actuación del juez de guardia, los riesgos asociados y la protección de los derechos humanos a la luz de la Constitución Española (CE) y la legislación vigente.

Contexto del conflicto de competencias jurisdiccionales

Lo primero es lo primero: es innegable que las competencias jurisdiccionales están claramente delimitadas entre los diferentes órganos judiciales, lo que significa que cada órgano tiene la capacidad de conocer y resolver solo aquellos asuntos que le han sido atribuidos por la ley. Esto es indiscutible.

Cuando hablamos de este caso específico, la resolución administrativa de retorno forzoso de una persona extranjera es una decisión que, en principio, corresponde a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.

A pesar de todo ello, en situaciones donde estos juzgados no están operativos (como durante el periodo de vacaciones), surge la cuestión de si un juzgado de guardia puede intervenir de manera provisional y, si es así, en qué medida.

Es ahí donde entra el conflicto real de este tema.

Derecho a la tutela judicial efectiva y Derechos Humanos

La Constitución Española, en su artículo 24, garantiza el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, lo que implica que toda persona tiene derecho a acceder a la justicia de manera pronta y adecuada, sin que se produzca una indefensión.

Este derecho se extiende a todas las personas, incluidos los extranjeros, quienes deben gozar de los mismos derechos fundamentales que los españoles, salvo en los casos establecidos específicamente por la ley (artículo 13 CE).

Si volvemos al tema en cuestión, que es sobre una resolución administrativa de retorno forzoso, este derecho cobra una relevancia especial, ya que cualquier medida que implique la repatriación de una persona extranjera puede afectar gravemente su situación jurídica y, por supuesto, a su integridad personal.

De ahí que se requiera una actuación rápida y eficaz por parte del sistema judicial para garantizar que los derechos de dicha persona sean debidamente protegidos.

¿Puede actuar el Juez de Guardia?

¿Por qué podría?

En situaciones de urgencia, donde se alegan vulneraciones de derechos fundamentales, es necesario considerar si el juez de guardia tiene la potestad de actuar para proteger dichos derechos.

La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece que el juez de guardia es competente para adoptar medidas urgentes en aquellas materias que, de no tomarse de inmediato, podrían ocasionar un perjuicio irreparable.

Este principio se fundamenta en la protección de los derechos humanos y la prevención de daños irreparables, cosa que es inherente a cualquier persona desde su mismísimo nacimiento. Sea, o no sea española.

La situación de una persona extranjera sujeta a una resolución de retorno forzoso representa un escenario donde la vulneración de derechos fundamentales es totalmente visible, ya que afecta directamente al derecho a la integridad física y moral (art. 15 CE) y al derecho a no ser discriminado por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social (art. 14 CE).

Si tenemos esto claro, resulta evidente que se podría argumentar que el juez de guardia no solo puede, sino que debe intervenir de manera cautelar para suspender, de forma temporal, la resolución administrativa, por lo menos hasta que el órgano competente (en este caso, los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo) pueda conocer y resolver el asunto de fondo y sin poner en riesgo a la persona.

Esta actuación estaría en consonancia con la obligación del juez de proteger los derechos fundamentales y evitar daños irreparables, conforme a los principios establecidos en la CE y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por España.

¿Por qué no debería?

Por otro lado, existen argumentos legales que podrían justificar la negativa del juez de guardia a intervenir en estos casos.

En primer lugar, la competencia para revisar y suspender las resoluciones administrativas corresponde a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, según la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Estos juzgados están especializados en revisar la legalidad de los actos de la Administración Pública, y se consideran competentes naturales para conocer de cualquier recurso contra resoluciones de retorno.

Por otra parte, la intervención del juez de guardia en un asunto que no le corresponde podría interpretarse como una extralimitación de sus funciones y una violación del principio de legalidad (artículo 9.3 CE), que establece que todos los poderes públicos deben actuar conforme a la ley.

La falta de competencia real del juez de guardia en materia contencioso-administrativa podría ser tachada como un impedimento  para adoptar una medida cautelar, ya que su intervención podría ser recurrida y anulada por falta de jurisdicción. Por lo tanto, no tendría valor.

¿Qué sucede si el Juez de Guardia, pese a todo, decide actuar?

La decisión de un juez de guardia de intervenir en un caso como este implica ciertos riesgos legales y personales.

Si el juez actúa fuera de su competencia, su resolución podría ser recurrida y anulada por un tribunal superior, lo que pondría en entredicho su autoridad y podría llevar a una revisión disciplinaria o incluso a consecuencias penales en casos extremos, si se considerara que su actuación constituye un abuso de autoridad. Además, una decisión errónea podría perjudicar los derechos de la persona afectada, ya sea porque se toma una medida inapropiada o porque se retrasa la intervención del órgano competente.

Por otro lado, la inacción también podría ser perjudicial, ya que dejaría a la persona extranjera en una situación de vulnerabilidad sin la protección judicial adecuada.

Como ves, actuar o no actuar es algo comprometido, en cualquier caso.

¿Qué sacamos en claro de todo esto?

En conclusión, la casuística de un posible conflicto de competencias jurisdiccionales VS la vulneración de los derechos de una persona extranjera en España plantea, como puedes ver, importantes cuestiones sobre los límites de la actuación del juez de guardia y la protección de los derechos fundamentales de la persona extranjera.

A pesar de que la competencia para revisar las resoluciones administrativas de retorno corresponde a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, es fundamental considerar que, en situaciones de urgencia, el juez de guardia podría estar facultado para adoptar medidas provisionales para evitar un daño irreparable en el futuro.

Esta intervención debería basarse en el principio de tutela judicial efectiva y en la protección de los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales, más que en la legalidad. ¿No debería primar la persona, por encima de todo? ¿No se crearon para eso las leyes, a fin de cuentas?

Esta posibilidad, no obstante, debe sopesarse con el respeto al principio de legalidad y la división de competencias establecida por la ley. El juez de guardia arriesga su autoridad y credibilidad al intervenir en un asunto que podría considerarse fuera de su competencia, lo que podría llevar a la nulidad de suactuación y a posibles repercusiones legales y disciplinarias.

Porque, aunque el juez de guardia podría justificar su intervención en situaciones de extrema urgencia y riesgo para los derechos fundamentales, es necesario recordar que la ley se estableció para proteger a las personas y sus derechos cuando su vida y su integridad corre peligro.

Y eso es algo que no deberíamos olvidar.

La prueba y su tratamiento en el dia a dia en los juzgados de España

Que la «prueba», es uno de los pilares fundamentales del sistema judicial en cualquier parte del mundo es totalmente indiscutible

En España, como en muchos otros países, el manejo de la prueba en los juzgados es una tarea que combina aspectos tanto teóricos como prácticos, y ambos rasgos son totalmente necesarios.

En el mundo de la justicia, la prueba es el elemento clave que permite a los jueces y a los tribunales conocer la verdad y tomar decisiones fundamentadas en base a ella. En teoría, el proceso de presentación y valoración de pruebas en los juzgados españoles está claramente definido y regulado por la ley.

Sin embargo, la realidad en los tribunales puede ser bastante diferente.

La prueba en el contexto jurídico español

En el ámbito penal, la prueba alude a la «demostración de la verdad de un hecho, de su existencia o inexistencia. Es el establecimiento, por los medios legales, de la exactitud de un hecho que sirve de fundamento a un derecho que se reclama».

Claves de la prueba

  • Deben obtenerse y presentarse conforme a la ley para ser admisibles en juicio.
  • Debe ser pertinente y estar directamente relacionada con los hechos en litigio.
  • Los jueces valoran las pruebas según su criterio, basado en la lógica y la experiencia.

Teoría VS práctica

En teoría, el manejo de las pruebas en el derecho se basa en reglas claras: deben ser legales, pertinentes y útiles.

Sin embargo, en la práctica diaria de los juzgados, aplicar estas reglas es mucho más complicado de lo que parece. Los jueces y abogados enfrentan muchos desafíos que hacen muy difícil seguir estos principios de manera estricta.

Uno de los principales problemas es cómo interpretar la ley en relación con las pruebas. Aunque las normas jurídicas son claras, los jueces deben adaptarlas a las circunstancias específicas de cada caso, lo que puede llevar a interpretaciones diferentes y, a veces, a decisiones que no son coherentes entre sí.

Además, factores como la falta de recursos o la presión de tiempo pueden afectar la forma en que se manejan y valoran las pruebas, y esto hace que el proceso judicial sea aún más complejo.

Excepción de buena fe

Un aspecto MUY importante a considerar es la excepción de buena fe, un concepto que ha ganado relevancia en la práctica judicial en los últimos años.

La excepción de buena fe se refiere a la «validez procesal de una prueba obtenida de manera ilegal por los agentes de policía, siempre que estos hayan actuado de forma razonable y con la creencia de que estaban obrando legalmente». Este principio busca equilibrar la protección de los derechos fundamentales con la necesidad de permitir que se utilicen pruebas relevantes para la administración de justicia… aunque no se hayan conseguido en la manera correcta ni lícita.

Según la Revista del Ministerio Fiscal del 2017, nº3, la excepción de buena fe reconoce que, a pesar de la ilegalidad a la hora de la obtención de una prueba, si los agentes actuaron con buena fe y en un contexto razonable, la prueba puede ser admitida.

Este principio busca evitar que se excluyan pruebas importantes solo por problemas técnicos o formales, para conseguir asegurar, así, que se haga justicia en casos graves, en lugar de permitir que los culpables queden libres por errores menores en el proceso.

La controversia en la práctica

En la práctica, aplicar la excepción de buena fe puede ser muy complicado e, incluso, generar controversia.

Los abogados defensores suelen argumentar que, aunque los agentes hayan actuado con buena fe, si las pruebas se obtuvieron de manera ilegal, deberían ser excluidas automáticamente para proteger los derechos fundamentales de su cliente.

Por otro lado, los fiscales y jueces pueden pensar que admitir pruebas obtenidas con buena fe ayuda a descubrir la verdad y a hacer justicia, incluso si no cumplen con todos los requisitos legales.

Este debate genera una tensión palpable entre proteger los derechos fundamentales y conseguir pruebas que ayuden a aclarar los hechos.

La aplicación de la excepción de buena fe varía según cada caso y depende de cómo lo interprete el juez. Esto puede derivar en decisiones que a veces parecen contradictorias o arbitrarias, aunque podrían ser necesarias para un caso en concreto.

Prueba electrónica y su impugnación

Hay que tener en cuenta, además, que el mundo digital ha introducido una nueva controversia: la prueba electrónica.

Los documentos electrónicos, tales como correos electrónicos, mensajes de texto y otros tipos de comunicación digital, se han convertido en elementos clave en muchos casos judiciales.

Sin embargo, la prueba electrónica presenta desafíos específicos, sobretodo a la hora de demostrar su autenticidad y eficacia probatoria..

Autenticidad VS eficacia probatoria

La jurisprudencia (según la RAE, «conjunto de las sentencias de los tribunales, y doctrina que contienen») ha aclarado una diferencia muy importante a tener en cuenta entre dos conceptos: la autenticidad y la eficacia probatoria.

Según la Sentencia del Tribunal Supremo (STS) 1109/2002 del 25 de Noviembre de 2002, citamos textualmente, «una cosa es la autenticidad de un documento y otra la eficacia probatoria».

  • La autenticidad se refiere a la confirmación de que un documento es genuino y realmente proviene de quien dice ser. En otras palabras, es una prueba de que el documento no ha sido falsificado y es totalmente legítimo.
  • La eficacia probatoria se relaciona con el poder del documento para demostrar los hechos en cuestión.

Aunque un documento sea auténtico, no garantiza que pueda probar los hechos por sí solo. Su eficacia probatoria depende de cómo contribuye a la verdad en el contexto del caso.

Un documento que no esté autenticado o que sea impugnado puede ser considerado junto con otras pruebas, pero no tendrá el mismo peso para probar los hechos de manera independiente.

Pero… ¿realmente funciona así?

En los tribunales españoles, la teoría sobre cómo manejar las pruebas y la práctica real a menudo no coinciden tal y como está escrito en las leyes, y esto crea problemas serios.

Aunque son las mismas leyes las que dicen claramente cómo deben tratarse las pruebas, la realidad en los juzgados es muy diferente.

Esto lleva a la mala praxis, que afecta negativamente la justicia.

Un buen ejemplo de esta diferencia es la «excepción de buena fe». La idea detrás de esta excepción es que, si la policía obtiene pruebas de manera ilegal pero lo hace pensando que está actuando legalmente, esas pruebas pueden ser aceptadas en el juicio.

En teoría, esto suena razonable porque evita que se excluyan pruebas importantes solo por errores técnicos. Sin embargo, en la práctica, esta excepción se usa de manera problemática.

Los jueces y fiscales la aplican para aceptar pruebas que, en otros casos, deberían ser rechazadas por violar derechos fundamentales. Esto crea incertidumbre, ya que la decisión de aceptar o no estas pruebas depende mucho del criterio personal del juez o de la presión del momento.

Esta flexibilidad puede permitir que se acepten pruebas que no deberían ser aceptadas, y que socaven la protección de los derechos y generen desconfianza en el sistema.

Además, la mala praxis en el manejo de las pruebas puede tomar varias formas.

  • Un problema común es el error en la admisión y valoración de las pruebas. A veces, los jueces y abogados tienden a cometer errores al decidir qué pruebas son válidas y cómo deben ser valoradas. Estos errores pueden ocurrir por falta de conocimiento o por presión para resolver los casos rápidamente. Cuando esto sucede, tanto las víctimas como los acusados pueden verse injustamente perjudicados.
  • Otra forma de mala praxis es la manipulación de pruebas. Esto ocurre cuando alguien altera, oculta o falsifica pruebas para cambiar el resultado del juicio. La falta de controles eficaces para detectar y castigar estas acciones permite que ocurra más a menudo de lo que debería.
  • La falta de formación y recursos también puede llegar a generar mala praxis. Muchos jueces y abogados no están totalmente capacitados para poder manejar pruebas complejas o nuevas tecnologías. La falta de recursos para investigar y evaluar pruebas de forma adecuada puede derivar, tristemente, en decisiones basadas en información incorrecta o incompleta. Para solucionar estos problemas y reducir la brecha entre la teoría y la práctica, necesitamos reformas urgentes.

¿Qué sacamos en claro de todo esto?

En SL Legal Consulting lo tenemos muy claro: “La prisa por obtener resultados rápidos a veces lleva a tomar atajos que comprometen la justicia y puden perjudicar tanto al acusado como a la víctima”.

Es esencial que los jueces y abogados reciban mejor formación para manejar, tal y como merecen, las pruebas de un caso, especialmente en los casos más complicadas.

Además, es necesario asegurar que haya suficientes recursos para investigar y evaluar las pruebas de manera efectiva.

También deben establecerse reglas más estrictas para, así, poder evitar y sancionar la mala praxis, para así garantizar que los principios legales se apliquen de manera justa y consistente.

La justicia no debe depender de la suerte o de decisiones arbitrarias. Tiene que basarse en normas claras y justas. Solo con reformas serias y un enfoque más riguroso en estos problemas podremos recuperar la confianza en el sistema judicial y asegurar que se haga justicia de verdad para todos.

LA PRUEBA

Comportamiento a seguir y crítica a la mala praxis del funcionariado de justicia

Los funcionarios garantizan que la ciudadanía pueda acceder a la justicia. La función pública, especialmente en el ámbito de la justicia, requiere una conducta impecable, una profesionalidad sólida y un compromiso claro con el servicio al ciudadano. Sin embargo, esto no siempre se cumple, lo que puede afectar tanto la percepción de los ciudadanos sobre la justicia como al desarrollo de los procesos judiciales.

La mala praxis en el funcionariado de justicia es un problema que afecta a la eficiencia del sistema judicial y erosiona la confianza pública en las instituciones.

¿Cómo de ser la conducta y profesionalidad en el funcionariado de justicia?

La transparencia, la integridad, la responsabilidad y la eficacia son algunos de los principios esenciales que deben regir su trabajo. Cada funcionario debe tener presente que su papel no es solo administrativo, sino que implica la gestión de asuntos que afectan directamente a los derechos y a la vida de las personas. Por lo tanto, se espera de ellos una actitud de respeto y compromiso hacia el ciudadano, así como una comunicación clara y profesional.

El cumplimiento de los plazos y la precisión en la tramitación de expedientes son también componentes esenciales de un buen comportamiento en el ámbito de la justicia. Las demoras injustificadas no solo afectan a las partes involucradas, sino que generan una acumulación de casos que puede hacer colapsar el sistema. Los funcionarios deben estar comprometidos con la celeridad en sus funciones, evitando las dilaciones innecesarias que no aportan ningún beneficio y solo contribuyen a generar una percepción de ineficiencia y desinterés.

Asimismo, el trato con los ciudadanos y los profesionales del derecho (abogados, procuradores, peritos, entre otros) debe ser siempre cortés y profesional. En muchas ocasiones, el funcionario es el primer contacto que una persona tiene con el sistema de justicia, por lo que su actitud y trato pueden influir notablemente en la percepción del ciudadano sobre la institución. La paciencia, la empatía y la disposición a brindar la información necesaria sin tecnicismos son elementos básicos en la interacción con el público.

Principales problemas mala praxis en el funcionariado de justicia

A pesar de las buenas prácticas que se esperan en la función pública de justicia, la realidad en ocasiones está lejos de ser ideal.

1. Retrasos y burocratización excesiva

Uno de los problemas más comunes en el sistema judicial es la lentitud en la tramitación de los procedimientos. Aunque que considerar la sobrecarga de trabajo, existen ocasiones en las que la falta de organización y ineficiencia en la gestión de los expedientes agrava los problemas. En ciertos casos, el personal judicial tarda semanas o meses en procesar documentos que deberían gestionarse en días, y esto genera frustración en las partes implicadas y alarga el proceso judicial. Además, el uso excesivo de trámites burocráticos muchas veces es empleado como excusa para justificar demoras.

Esto afecta al sistema judicial y perjudica a los ciudadanos, porque sus casos se paralizan, a veces sin justificación.

Es responsabilidad de los funcionarios mejorar su gestión y optimizar los procesos, y tener una actitud proactiva y un compromiso con la celeridad en el desempeño de sus funciones.

2. Falta de empatía y trato inadecuado con el ciudadano

La empatía es un valor esencial en el trato con el ciudadano, especialmente cuando se trata de personas que pueden encontrarse en situaciones delicadas, como víctimas de delitos o familiares de personas afectadas por un procedimiento judicial. Sin embargo, en ocasiones se observan comportamientos fríos, indiferentes o incluso despectivos por parte de ciertos funcionarios. Este trato hacia el ciudadano es inaceptable y compromete la percepción de justicia y la confianza en el sistema.

La falta de empatía deriva en una comunicación deficiente, y el ciudadano no recibe la información que necesita de manera clara y accesible. Muchas veces, los funcionarios utilizan un lenguaje excesivamente técnico que no es comprensible para personas sin formación jurídica, y esto crea una barrera y dificulta el entendimiento del proceso judicial.

Es imprescindible que el funcionariado sea capaz de explicar de forma sencilla y comprensible las cuestiones básicas que el ciudadano necesita conocer, mostrando empatía y respeto en todo momento.

3. Falta de responsabilidad y rendición de cuentas

En la administración de justicia, la responsabilidad y la rendición de cuentas son fundamentales para el funcionamiento ético y eficiente del sistema. A pesar de ello, hay situaciones en las que la falta de responsabilidad por parte de los funcionarios resulta evidente.

Algunos ejemplos de esta mala praxis son la pérdida de documentos, el extravío de pruebas, o la falta de seguimiento en asuntos pendientes. Además de ser una clara negligencia, muestran una falta de compromiso con los valores de responsabilidad y diligencia que tanto deberían caracterizar el trabajo en el ámbito judicial.

Los ciudadanos que confían en el sistema judicial para la resolución de sus problemas esperan que sus expedientes sean tratados con el máximo respeto y atención. Por ello, los funcionarios tienen la obligación de preservar la integridad de los documentos y de garantizar que no se produzcan errores que puedan afectar el resultado de los casos. Además, es fundamental que asuman la responsabilidad en caso de que ocurra algún error, informando a las partes afectadas y tomando las medidas necesarias para resolver el problema de forma diligente.

4. Uso inadecuado de recursos y espacios de trabajo

Otro aspecto preocupante de la mala praxis en el funcionariado de justicia es el uso inadecuado de los recursos públicos. En algunos casos, se observan situaciones en las que los funcionarios utilizan de manera incorrecta los recursos asignados, como materiales de oficina, equipos o incluso el tiempo de trabajo. Este tipo de prácticas implica un uso irresponsable de los bienes públicos y refleja una falta de respeto hacia la institución y hacia el propio ciudadano.

La correcta gestión de los recursos públicos es una responsabilidad que debe tomarse en serio, ya que cualquier mal uso o abuso afecta la eficiencia del sistema y supone un coste innecesario para el Estado. Los funcionarios deben actuar siempre con integridad y respeto hacia los recursos que se les han confiado, utilizando estos de forma responsable y transparente.

¿Cómo mejorar la profesionalidad y eficiencia en el funcionariado de justicia?

Desde SG Legal Consulting entendemos la importancia de un sistema judicial justo y eficiente, y, por ello, exponemos algunas propuestas para mejorar el comportamiento de los funcionarios en el sistema de justicia. Es fundamental implementar medidas que promuevan una mayor responsabilidad y profesionalidad en este ámbito.

Algunas de las ideas sugeridas son las siguientes:

  1. La formación constante en temas de ética y atención al público es fundamental para que los funcionarios mantengan una actitud profesional y empática en su trabajo. Cursos y talleres sobre habilidades de comunicación, trato con el ciudadano y responsabilidad en el desempeño de funciones pueden ser de gran ayuda para mejorar el servicio.
  2. Promover la transparencia en la gestión de recursos y en las decisiones administrativas permite que se comprendan mejor cómo se utiliza el presupuesto y las prioridades de la administración. Esto mejoraría la confianza del personal en la institución y facilitaría un uso más consciente y responsable de los recursos públicos.
  3. Evaluar periódica y exhaustivamente cada cierto tiempo la eficiencia y responsabilidad de los funcionarios es esencial. Además, la implementación de mecanismos de rendición de cuentas permitirá identificar posibles malas prácticas y tomar las medidas correctivas necesarias.
  4. Implementar un sistema de incentivos para los funcionarios que demuestren un desempeño ejemplar es una forma de motivar e incentivar el buen trabajo. Por otro lado, también es importante establecer sanciones claras para aquellos casos de mala praxis que se detecten, con el fin de evitar que las conductas negligentes se repitan.
  5. Implementar sistemas digitales que permitan el seguimiento de expedientes y la gestión digital de documentos puede reducir los tiempos de tramitación y minimizar el riesgo de extravío de documentos. Así pues, también sería interesante implementar una formación en la tramitación de expedientes y sus tiempos, y asegurarse de que estos se cumplan en base a lo estudiado en dichos cursos, con el fin de agilizar el sistema.
  6. El fortalecimiento de los valores de compromiso y respeto hacia el ciudadano puede lograrse a través de campañas de concienciación y actividades que refuercen la importancia de su papel en el sistema de justicia.
  7. La formación en habilidades para la resolución de conflictos y en gestión de problemas ayuda a los funcionarios a manejar situaciones difíciles y resolver incidencias de forma más rápida y efectiva. Esto puede mejorar la capacidad de los funcionarios para atender mejor al ciudadano, incluso en circunstancias tensas o con quejas.

¿Qué podemos sacar en claro de todo esto?

A la luz de estas propuestas, queda claro que el sistema judicial necesita un cambio estructural que aborde las carencias de responsabilidad y eficiencia en el funcionariado.

Sin embargo, ofrezco una solución concreta y efectiva, la cual sería implantar un sistema de evaluación y seguimiento riguroso, donde los funcionarios rindan cuentas de forma periódica de su desempeño y reciban formación continua en sus correspondientes áreas de mejora.

Este compromiso, basado en la supervisión y el desarrollo profesional, es esencial para una justicia más ágil y fiable.

 

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El camino de la redención y la justicia restaurativa

En los últimos años, la justicia restaurativa ha ido cobrando fuerza a nuestro sistema de justicia tradicional. Puede que no lo conozcas, pero ofrece una forma diferente y completamente nueva de abordar los delitos, porque se enfoca más en la reparación del daño que en el castigo en sí mismo, que es de lo que trata realmente nuestro sistema judicial.

Contrariamente a lo que se podría haber pensado en un principio, este nuevo planteamiento ha llegado pisando fuerte, y parece ser que ha venido para quedarse. Aparece como una respuesta profunda y totalmente necesaria ante la insatisfacción que muchas personas sienten respecto al enfoque punitivo (es decir, de castigo) que predomina en nuestros sistemas judiciales.

Tanto a nivel individual como comunitario, cada vez son más las personas que buscan una manera más justa, humana y efectiva de tratar los conflictos y los delitos que se presentan día a día en la sociedad.

Pero ¿qué es exactamente la justicia restaurativa y por qué ha captado tanto la atención en diversas partes del mundo?

¿Qué es la justicia restaurativa?

Según el European Forum For Restaurative Justice, «la justicia restaurativa es un método para abordar el daño o el riesgo de daño a través de la participación de todos los afectados, con el objetivo de llegar a un entendimiento común y un acuerdo sobre cómo se puede reparar el daño o la transgresión y alcanzar justicia».

Es decir: el delito no es solo una violación de la ley, sino también una ruptura en las relaciones entre las personas y la comunidad en sí misma.

A diferencia del sistema penal tradicional, cuyo objetivo principal es castigar al infractor, este enfoque pone el énfasis en reparar el daño causado por el delito. Se trata de un proceso que aboga no solo por la redención del infractor, sino que también intenta conseguir la sanación de la víctima y de la comunidad afectada.

El origen de la justicia restaurativa

Aunque no lo parezca, la justicia restaurativa tiene raíces que se remontan a tiempos muy antiguos. Muchas sociedades ancestrales practicaban lo que hoy llamamos justicia restaurativa, aunque en ese entonces no se la conocía con ese nombre.

En lugar de castigar al culpable, el objetivo principal era restablecer el equilibrio social y reparar las relaciones que habían sido dañadas por el conflicto. Un ejemplo de ello lo encontramos en las comunidades indígenas, que durante siglos han recurrido al diálogo y la mediación para resolver sus conflictos y restaurar la armonía en su tribu.

Con el tiempo, este enfoque ha ido perdiendo fuerza. El Estado asumió el papel de administrador de justicia y dejó a un lado el rol activo que tanto víctimas como infractores y comunidades habían tenido anteriormente. Sin embargo, en las últimas décadas, la justicia restaurativa ha resurgido con fuerza, sobre todo en contextos donde el sistema judicial tradicional ha mostrado ser insuficiente para atender las necesidades reales de las personas involucradas.

¿Por qué un resurgimiento?

Su origen parece ser la insatisfacción actual de la sociedad con el sistema de justicia penal tradicional, porque a menudo suele ser percibido como ineficaz e insuficiente.

Muchos son los que sienten que el enfoque del castigo no solo no resuelve el problema, sino que tampoco ayuda a prevenir futuros delitos. Eso sin contar, además, con la insatisfacción generalizada ante el nivel de castigo a un delito determinado. Además, las víctimas suelen quedar al margen del proceso judicial y se sienten ignoradas, mientras que los infractores, tras cumplir sus condenas, pueden quedar aún más desconectados de la sociedad. O, incluso, recibir ayudas para reinsertarse mientras las víctimas pasan a un olvido silencioso.

Es aquí donde entra la justicia restaurativa, porque ofrece una alternativa que coloca a las personas en el centro del proceso y que valora las relaciones humanas, buscando soluciones que van mucho más allá del simple castigo.

Principios de la justicia restaurativa

A diferencia de los juicios tradicionales, donde los jueces o jurados toman decisiones sin la participación directa de los afectados, en la justicia restaurativa se busca que tanto la víctima, como el infractor y la comunidad, tengan un rol mucho más activo en el proceso.

El objetivo es que las personas puedan hablar sobre lo ocurrido, compartir cómo les ha afectado y, juntos, buscar la mejor manera de reparar el daño que se ha causado.

Sanación de la víctima

Esto es un claro intento de ofrecerles a las víctimas un espacio totalmente seguro y protegido donde puedan expresar sus sentimientos, algo que el sistema judicial tradicional no permite.

A menudo, el proceso penal se centra tanto en el castigo que deja de lado las necesidades emocionales y psicológicas de quienes han sufrido el delito. En cambio, la justicia restaurativa les brinda la oportunidad de ser escuchadas, recibir apoyo emocional y, en algunos casos, obtener una disculpa sincera por parte del infractor.

Responsabilidad del infractor

El sistema de justicia restaurativa no busca simplemente castigar, sino que apela a la responsabilidad del infractor.

Se les pide a los delincuentes que reconozcan el daño que han causado y que tomen acciones concretas para poder repararlo. Esto puede ir desde ofrecer una disculpa, hasta proporcionar una compensación económica o realizar trabajos en beneficio de la comunidad.

El propósito es ayudar al infractor a comprender las consecuencias de sus acciones, para motivar un cambio real y duradero en su comportamiento.

Reparación del daño

Otro de los principios esenciales de la justicia restaurativa es la reparación del daño causado.

No solo hay que compensar a la víctima, también hay que restaurar la confianza y la cohesión dentro de la comunidad afectada. En este sentido, el proceso de justicia restaurativa tiene un enfoque más amplio y profundo, pues busca sanar tanto las heridas personales como las sociales.

Reintegración social

Por último, pero no menos importante, la justicia restaurativa promueve la rehabilitación y reintegración del infractor en la sociedad.

Este enfoque busca ayudarlos a entender el impacto de sus acciones y a corregir su conducta, de modo que puedan reinsertarse de manera constructiva en la comunidad.

Aplicación de la justicia restaurativa

Actualmente, la justicia restaurativa se aplica en una gran variedad de contextos, no solo en el ámbito penal. De hecho, su uso se ha expandido a lugares como escuelas centros comunitarios y lugares de trabajo (con las conocidas mediaciones).

En muchos países, además, se han implementado programas de mediación entre víctimas e infractores como una forma de aplicar este enfoque restaurativo.

Por ejemplo, en el ámbito de la justicia juvenil, algunos programas permiten a los jóvenes delincuentes participar en procesos de mediación con las víctimas, en lugar de ser enviados a la cárcel. Esto les brinda la oportunidad de asumir la responsabilidad de sus actos, comprender las consecuencias de sus acciones y trabajar para reparar el daño. Además, estos programas han demostrado reducir las tasas de reincidencia y mejorar la cohesión social.

También se ha utilizado la justicia restaurativa en situaciones de conflicto comunitario o desórdenes sociales, como una alternativa a la intervención policial o judicial. En estos casos, la comunidad trabaja junta para encontrar soluciones, fomentando el diálogo y la toma de decisiones colectivas. Este enfoque no solo tiende a ser más satisfactorio para todas las partes involucradas, sino que también suele generar soluciones más duraderas.

Hay excepciones a estas aplicaciones

Existen ciertas situaciones en las que no se permite su uso, especialmente cuando se trata de casos de violencia de género.

Un ejemplo claro se encuentra en la Ley Orgánica 1/2004, que establece medidas para proteger a las víctimas de la violencia de género. En esta ley, se introdujo un artículo que prohíbe expresamente la mediación en estos casos. Esto significa que, cuando se trata de situaciones de violencia de género, no se puede recurrir a la mediación como método para resolver el conflicto.

Esto se debe a la preocupación de que, en este tipo de situaciones, la relación entre las partes no es en absoluto equitativa. Exoste un desequilibrio de poder, ya que la víctima se encuentra en una posición vulnerable frente al agresor. Por ello, se considera que intentar mediar podría no ser efectivo y, en algunos casos, incluso podría poner en peligro a la víctima.

Es importante destacar que la mediación y la justicia restaurativa no son lo mismo. La mediación busca que las partes involucradas lleguen a un acuerdo, mientras que la justicia restaurativa se centra en reparar el daño causado y restaurar las relaciones entre las personas afectadas. En el contexto de la violencia de género, donde la dinámica de poder es muy asimétrica, se opta por no permitir la mediación para proteger a las víctimas y garantizar su seguridad.

Así, aunque la justicia restaurativa puede ser una herramienta valiosa en muchos contextos, en casos de violencia de género se elige un enfoque diferente para salvaguardar los derechos y la integridad de las víctimas.

¿Hasta qué punto los infractores se redimen usando este nuevo sistema?

En SL Legal Consulting, consultoría jurídica especializada, consideramos que la implementación de la justicia restaurativa frente al sistema judicial actual plantea una serie interrogantes importantes sobre la redención de los infractores que no podemos pasar por alto.

Un gran problema es que algunos infractores pueden aprovecharse de la justicia restaurativa para evitar castigos más severos. Pueden participar solo para dar la impresión de que están asumiendo la responsabilidad por lo que hicieron, sin tener la intención real de reflexionar sobre sus acciones. En lugar de cambiar, pueden simplemente ofrecer disculpas vacías que no llevan a un verdadero cambio en su comportamiento.

Además, es importante pensar en cómo se sienten las víctimas. Aunque la justicia restaurativa les da la oportunidad de hablar sobre su dolor y buscar reparación, esto no siempre significa que obtengan la justicia que merecen… ni que les vaya a venir bien. Algunos infractores pueden no entender del todo el daño que causaron y pueden usar el proceso para mejorar su propia imagen. Esto nos hace cuestionarnos si la justicia restaurativa realmente ayuda a los infractores a cambiar o si, por el contrario, se convierte en una forma de evitar las consecuencias de sus acciones.

Es crucial también considerar la vulnerabilidad que podría sentir la víctima al enfrentarse a la persona que le ha hecho daño y tener que comunicarse con ella. Este encuentro puede ser emocionalmente agotador y, en algunos casos, contraproducente para la sanación de la víctima.

Ante estas reflexiones, surgen preguntas importantes que debemos plantearnos:

¿Realmente puede un infractor cambiar su comportamiento a través de la justicia restaurativa? ¿Están todos los participantes en el proceso comprometidos de manera total? ¿Es seguro para las víctimas enfrentarse a sus infractores? ¿La justicia restaurativa es una solución viable, o solo una forma de evitar la verdadera justicia? ¿Cómo podemos asegurarnos de que la justicia restaurativa no se convierta en una vía de escape para quienes no están dispuestos a asumir sus responsabilidades, en lugar de pagar por ellas?

Estas son cuestiones que merecen nuestra atención y reflexión a medida que consideramos el futuro de nuestro sistema de justicia.

 

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El recurso extraordinario de revisión penal y sus homólogos en los sistemas europeos

El recurso extraordinario de revisión en el ámbito penal constituye una figura de carácter excepcional en los sistemas de justicia que, en esencia, permite la reapertura de procesos penales ya firmes ante la aparición de circunstancias que comprometen la legitimidad de una sentencia condenatoria ya realizada.

Este recurso tiene, en el sistema español y en la mayoría de los ordenamientos europeos, una naturaleza subsidiaria y está sujeto a limitadas causales, lo que pone de manifiesto la importancia del principio de cosa juzgada en la esfera penal.

El análisis del recurso de revisión y sus homólogos en otros sistemas europeos revela enfoques tanto restrictivos como expansivos que responden a las particularidades de cada sistema jurídico y a los principios que orientan su proceso penal.

1. Naturaleza jurídica del recurso extraordinario de revisión penal

1.1. Concepto y finalidad

El recurso extraordinario de revisión penal es un mecanismo excepcional que tiene como objeto corregir errores judiciales graves que han dado lugar a sentencias condenatorias injustas.

Si ahondamos más en el término, y en palabras del Tribunal Supremo, el recurso de revisión constituye un «remedio extraordinario contra sentencias firmes de contenido condenatorio que tiene por objeto, siempre en beneficio del reo, la anulación de tales resoluciones en algunos casos concretos de manifiesta injusticia»« (STS nº 111/2015, de 26 de febrero de 2015, Rec. 20487/2014).

Este recurso se configura como una excepción al principio de cosa juzgada, que asegura la inmutabilidad de las resoluciones judiciales una vez estas han alcanzado firmeza.

La finalidad última de este recurso radica en garantizar la justicia material por encima de la seguridad jurídica, restableciendo así los derechos fundamentales cuando una condena injusta o errónea resulta totalmente evidente.

1.2. Naturaleza extraordinaria y subsidiaria

En la mayoría de los ordenamientos jurídicos europeos, el recurso de revisión penal es considerado un remedio extraordinario, activable únicamente ante causas específicas.

Su subsidiariedad implica que solo puede ser interpuesto cuando todos los demás recursos han sido agotados y la sentencia ha adquirido firmeza. Esta característica busca proteger la estabilidad de las decisiones judiciales y evitar un uso abusivo del recurso.

2. Causales de Revisión: Análisis Comparativo en el Derecho Español y Europeo

2.1. Causales en el derecho español

El código penal español establece de manera restrictiva las causales del recurso extraordinario de revisión, limitándose a las siguientes:

  • Nuevas pruebas o hechos que no pudieron ser presentados durante el juicio y que resultarían determinantes para modificar la condena.
  • Error judicial manifiesto o irregularidades de relevancia que afecten la validez de la sentencia.
  • Descubrimiento de prevaricación, cohecho, violencia u otra infracción cometida por el juez o tribunal que dictó la sentencia.

La jurisprudencia ha ido perfilando estas causales, y ha puesto especial énfasis en la necesidad de que las pruebas o hechos nuevos sean relevantes y determinantes. La interpretación judicial en España tiende a ser restrictiva, con el fin de evitar que el recurso de revisión se convierta en una herramienta para reabrir casos cerrados sin fundamento sólido.

2.2. Causales en sistemas europeos: Francia, Italia y Alemania

En Francia, el recurso de revisión penal se concede bajo la Ley de Procedimiento Penal de 1989, que prevé causales similares a las de España, aunque se destaca la ampliación del concepto de prueba nueva para incluir confesiones exculpatorias de otros procesados.

Italia, por su parte, establece como causales las pruebas determinantes no consideradas previamente, errores judiciales graves y la existencia de actos de corrupción judicial.

Alemania adopta un enfoque más amplio en cuanto a las causales de revisión, y permite el recurso no solo ante la presencia de pruebas nuevas, sino también cuando se demuestra la vulneración de derechos humanos fundamentales o, en algunos casos, ante un cambio significativo en la interpretación de la ley penal que pueda beneficiar al condenado.

3. Procedimiento de interposición y tramitación

3.1. Requisitos formales y legitimación activa

Para la interposición de un recurso extraordinario de revisión, en general, los ordenamientos exigen que el recurso sea planteado por el condenado o, en caso de fallecimiento, por sus familiares directos. En el caso español, el recurso debe ser formalizado ante el Tribunal Supremo, quien actúa como órgano competente para su tramitación y resolución. En otros países, como Alemania, la revisión recae en el Tribunal Constitucional cuando se invocan derechos fundamentales.

Los requisitos formales de interposición suelen ser estrictos, y se requieren la presentación de pruebas nuevas o documentación que justifique de manera suficiente las causales invocadas. La carga de la prueba recae sobre el recurrente, quien debe demostrar la existencia de los hechos o errores judiciales que motivan la revisión.

3.2. Fases procesales y posibles resoluciones

El proceso de revisión penal se desarrolla en varias etapas: fase de admisibilidad, donde se examinan los requisitos formales y la suficiencia de las pruebas nuevas; fase de instrucción (cuando corresponde), para la obtención de nuevas evidencias; y fase de resolución, en la que se dictamina si procede la anulación de la sentencia original o la confirmación de la misma.

Las posibles resoluciones son variadas. En caso de admisión, el tribunal puede optar por la nulidad de la sentencia y el inicio de un nuevo juicio o, en algunos casos, el archivo de la causa si la inocencia del condenado resulta evidente a la luz de las nuevas pruebas. Sin embargo, es importante resaltar que la absolución no es automática, ya que en algunos sistemas se requiere un nuevo proceso de enjuiciamiento que confirme la inocencia.

4. Efectos jurídicos de la revisión penal: Seguridad jurídica VS Justicia material

4.1. La doctrina de la cosa juzgada y su relativización

El recurso de revisión penal plantea una evidente colisión con el principio de cosa juzgada, un pilar fundamental del derecho procesal. Este principio protege la estabilidad de las decisiones judiciales, y previene la reapertura de casos en aras de la seguridad jurídica.

Sin embargo, el derecho a un proceso justo y la prohibición de penas desproporcionadas imponen una relativización de este principio, especialmente cuando se revela la inocencia del condenado o se acredita un error judicial grave.

4.2. El impacto en los derechos humanos y la Tutela Judicial Efectiva

En el contexto europeo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha establecido que los Estados tienen la obligación de prever mecanismos de revisión penal que permitan reparar errores judiciales graves.

La jurisprudencia del TEDH considera que la inexistencia de un recurso efectivo para rectificar condenas erróneas contraviene el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), que garantiza el derecho a un juicio justo y la tutela judicial efectiva.

Este imperativo jurídico ha obligado a varios Estados a flexibilizar las causales y procedimientos de revisión penal para, así, equilibrar la justicia material con el respeto al principio de cosa juzgada.

5. La problemática del recurso de revisión ante el error judicial y la corrupción

El recurso de revisión penal ha sido objeto de críticas, especialmente en casos de corrupción judicial o prevaricación, donde los mecanismos de revisión pueden resultar insuficientes.

Los sistemas judiciales europeos han mostrado una tendencia a incrementar las sanciones y controles para evitar estos supuestos, aunque algunos juristas sostienen que el recurso de revisión debería ampliarse en casos donde se detecte falta de imparcialidad en el juez o tribunal.

En España, por ejemplo, la prevaricación judicial es una causal expresa del recurso de revisión, aunque probarlo suele ser complejo.

En Italia, la corrupción judicial es motivo de revisión automática cuando se demuestra que han existido sobornos, aunque el sistema exige estándares probatorios muy altos.

Una justicia efectiva es posible

El recurso extraordinario de revisión penal constituye una herramienta esencial en la búsqueda de justicia dentro de los sistemas europeos, porque permiten la reapertura de casos penales firmes en presencia de nuevos hechos, pruebas o evidencia de errores judiciales graves.

Aunque cada ordenamiento aborda este recurso con particularidades que responden a su propia tradición jurídica, existe una tendencia común evidente a restringir su aplicación para evitar abusos y proteger la seguridad jurídica y que no se aprovechen de la ley.

Sin embargo, y como hemos visto, el desarrollo del Derecho comparado, junto con las obligaciones impuestas por el CEDH, apunta a una posible evolución hacia una flexibilización moderada del recurso en aras de garantizar una tutela judicial efectiva y la protección de los derechos fundamentales en el ámbito penal.

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Cuando uno de los padres desaparece tras el divorcio

El impacto del abandono parental en los hijos y los desafíos para quien se queda

Tras la tormenta del divorcio, la vida debía continuar. Sin embargo, para muchas familias, lo que parecía el cierre de un capítulo complicado se convierte en el inicio de una nueva lucha. Cuando uno de los progenitores, casi siempre el que no tiene la custodia, desaparece emocional, económica y físicamente, el peso del abandono recae sobre los hijos. Y también sobre quien queda al frente.

Paula, una madre de 36 años, lo vivió en carne propia. Después de un divorcio marcado por episodios de violencia de género, pensó que, al menos por el bien de sus hijos, su expareja mantendría algún vínculo con ellos. Pero no fue así. “Dejó de llamar, de escribir, de enviar dinero. Simplemente desapareció”, cuenta mientras organiza las mochilas escolares de sus hijos, de siete y diez años. La última vez que los niños vieron a su padre fue hace más de un año.

El abandono parental no siempre tiene un titular, pero afecta a miles de familias cada año. Según datos de organizaciones especializadas en derecho de familia, en cerca del 30% de los divorcios con hijos, uno de los padres reduce significativamente su implicación, o directamente corta el contacto.


El abandono emocional y económico

La ausencia de un progenitor se manifiesta de diversas formas. A veces, es una falta total de comunicación; otras, una omisión constante de responsabilidades económicas. “El abandono económico suele ser la primera señal”, explica Laura Molina, abogada especialista en derecho de familia. “Cuando dejan de pagar la pensión alimenticia o se desentienden de los gastos escolares, muchas veces viene acompañado de un distanciamiento emocional.”

Eso le ocurrió a Paula. “Él dejó de contribuir incluso con lo básico: comida, ropa, libros escolares. Lo último que me dijo fue que ya no podía más, que no quería saber nada ni de mí ni de los niños”, relata. Desde entonces, la carga económica y emocional ha recaído por completo sobre ella, una realidad que enfrentan muchas familias monoparentales.

El impacto financiero puede ser devastador. Sin la contribución económica del otro progenitor, los recursos familiares se ven drásticamente reducidos. Esto afecta no solo las necesidades básicas de los hijos, sino también su desarrollo educativo y social. Según un informe reciente, el 65% de los niños afectados por abandono parental sufren algún tipo de privación económica significativa.


Un golpe emocional difícil de gestionar

Pero el daño económico no es el único. Los hijos que enfrentan el abandono de uno de sus padres también lidian con las secuelas emocionales. “Los niños tienden a interpretar esta ausencia como un rechazo personal”, explica Laura Sánchez, psicóloga infantil. “Esto puede derivar en sentimientos de culpa, baja autoestima, ansiedad e incluso problemas de apego en el futuro.”

Para Paula, lo más duro no es lidiar con las preguntas de sus hijos, sino con su propio intento de mantener una imagen positiva de su padre. “Mi hijo mayor me pregunta por qué su papá no lo llama. Le digo que está ocupado, que no puede ahora, pero siento que, en algún momento, voy a quedarme sin respuestas.”

En los niños más pequeños, las secuelas pueden ser más sutiles: cambios de humor, problemas de conducta en la escuela o dificultades para socializar. En adolescentes, el abandono puede manifestarse como aislamiento, rebeldía o incluso conductas autodestructivas.


La justicia ante el abandono parental

Legalmente, el abandono económico tiene consecuencias. La pensión alimenticia es un derecho irrenunciable de los hijos, y su incumplimiento puede derivar en sanciones legales, desde embargos hasta penas de prisión. Sin embargo, hacer valer este derecho no siempre es sencillo.

“En muchos casos, el progenitor que abandona utiliza estrategias para evitar su responsabilidad, como trabajar en la economía informal o mudarse sin dejar rastro”, señala Molina. Además, los procesos judiciales para reclamar pensiones atrasadas pueden ser largos y costosos, algo que muchas familias no pueden permitirse.

En algunos países, existen fondos públicos para garantizar el pago de la pensión alimenticia cuando el progenitor incumple, pero estas medidas no son universales. “El sistema está diseñado para reaccionar, no para prevenir. Y mientras tanto, las familias quedan desprotegidas”, añade la abogada.


¿Cómo apoyar a los hijos?

Ante la ausencia de uno de los progenitores, la figura que queda al frente desempeña un papel crucial para mitigar los efectos del abandono en los hijos. Pero no siempre es fácil.

“Es fundamental que los niños sientan que tienen una red de apoyo sólida, aunque falte uno de sus padres”, explica Sánchez. Esto incluye:

  • Apoyo emocional: Crear un espacio seguro donde los hijos puedan expresar sus emociones sin miedo.
  • Refuerzo positivo: Recordarles que el abandono no es culpa suya y que son amados.
  • Terapia psicológica: Ayudarles a gestionar los sentimientos de rechazo y confusión.

Las figuras externas, como abuelos, tíos o incluso mentores, también pueden ser un soporte clave para los niños. “No se trata de reemplazar al padre o madre ausente, pero sí de llenar los vacíos emocionales que esa ausencia deja”, señala la psicóloga.


Una deuda social pendiente

El abandono parental es, en muchos sentidos, un problema invisible. Mientras que las denuncias por violencia de género o incumplimiento de custodia suelen acaparar titulares, el impacto del abandono suele quedar relegado a lo privado. Pero no debería ser así.

“Como sociedad, debemos garantizar que ningún menor quede desprotegido por la irresponsabilidad de uno de sus progenitores”, argumenta Molina. Esto incluye desde acelerar los procesos legales para garantizar el pago de pensiones hasta ofrecer apoyo psicológico accesible para las familias afectadas.


El futuro de Paula y sus hijos

Para Paula, cada día es una batalla, pero también una oportunidad para demostrarles a sus hijos que, aunque les falte su padre, no les faltará amor. “Sé que no puedo llenar el vacío que dejó, pero estoy haciendo todo lo posible para que sepan que pueden contar conmigo. Y eso es lo que importa.”

Su historia es un reflejo de las miles de familias que enfrentan el abandono parental cada día. Historias que merecen ser escuchadas, porque detrás de cada ausencia hay un niño que merece algo mejor. Como sociedad, el reto está en asegurarnos de que ese “algo mejor” sea una realidad, no un sueño inalcanzable.

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