Que la «prueba», es uno de los pilares fundamentales del sistema judicial en cualquier parte del mundo es totalmente indiscutible.
En España, como en muchos otros países, el manejo de la prueba en los juzgados es una tarea que combina aspectos tanto teóricos como prácticos, y ambos rasgos son totalmente necesarios.
En el mundo de la justicia, la prueba es el elemento clave que permite a los jueces y a los tribunales conocer la verdad y tomar decisiones fundamentadas en base a ella. En teoría, el proceso de presentación y valoración de pruebas en los juzgados españoles está claramente definido y regulado por la ley.
Sin embargo, la realidad en los tribunales puede ser bastante diferente.
La prueba en el contexto jurídico español
En el ámbito penal, la prueba alude a la «demostración de la verdad de un hecho, de su existencia o inexistencia. Es el establecimiento, por los medios legales, de la exactitud de un hecho que sirve de fundamento a un derecho que se reclama».
Claves de la prueba
-
- Deben obtenerse y presentarse conforme a la ley para ser admisibles en juicio.
-
- Debe ser pertinente y estar directamente relacionada con los hechos en litigio.
-
- Los jueces valoran las pruebas según su criterio, basado en la lógica y la experiencia.
Teoría VS práctica
En teoría, el manejo de las pruebas en el derecho se basa en reglas claras: deben ser legales, pertinentes y útiles.
Sin embargo, en la práctica diaria de los juzgados, aplicar estas reglas es mucho más complicado de lo que parece. Los jueces y abogados enfrentan muchos desafíos que hacen muy difícil seguir estos principios de manera estricta.
Uno de los principales problemas es cómo interpretar la ley en relación con las pruebas. Aunque las normas jurídicas son claras, los jueces deben adaptarlas a las circunstancias específicas de cada caso, lo que puede llevar a interpretaciones diferentes y, a veces, a decisiones que no son coherentes entre sí.
Además, factores como la falta de recursos o la presión de tiempo pueden afectar la forma en que se manejan y valoran las pruebas, y esto hace que el proceso judicial sea aún más complejo.
Excepción de buena fe
Un aspecto MUY importante a considerar es la excepción de buena fe, un concepto que ha ganado relevancia en la práctica judicial en los últimos años.
La excepción de buena fe se refiere a la «validez procesal de una prueba obtenida de manera ilegal por los agentes de policía, siempre que estos hayan actuado de forma razonable y con la creencia de que estaban obrando legalmente». Este principio busca equilibrar la protección de los derechos fundamentales con la necesidad de permitir que se utilicen pruebas relevantes para la administración de justicia… aunque no se hayan conseguido en la manera correcta ni lícita.
Según la Revista del Ministerio Fiscal del 2017, nº3, la excepción de buena fe reconoce que, a pesar de la ilegalidad a la hora de la obtención de una prueba, si los agentes actuaron con buena fe y en un contexto razonable, la prueba puede ser admitida.
Este principio busca evitar que se excluyan pruebas importantes solo por problemas técnicos o formales, para conseguir asegurar, así, que se haga justicia en casos graves, en lugar de permitir que los culpables queden libres por errores menores en el proceso.
La controversia en la práctica
En la práctica, aplicar la excepción de buena fe puede ser muy complicado e, incluso, generar controversia.
Los abogados defensores suelen argumentar que, aunque los agentes hayan actuado con buena fe, si las pruebas se obtuvieron de manera ilegal, deberían ser excluidas automáticamente para proteger los derechos fundamentales de su cliente.
Por otro lado, los fiscales y jueces pueden pensar que admitir pruebas obtenidas con buena fe ayuda a descubrir la verdad y a hacer justicia, incluso si no cumplen con todos los requisitos legales.
Este debate genera una tensión palpable entre proteger los derechos fundamentales y conseguir pruebas que ayuden a aclarar los hechos.
La aplicación de la excepción de buena fe varía según cada caso y depende de cómo lo interprete el juez. Esto puede derivar en decisiones que a veces parecen contradictorias o arbitrarias, aunque podrían ser necesarias para un caso en concreto.
Prueba electrónica y su impugnación
Hay que tener en cuenta, además, que el mundo digital ha introducido una nueva controversia: la prueba electrónica.
Los documentos electrónicos, tales como correos electrónicos, mensajes de texto y otros tipos de comunicación digital, se han convertido en elementos clave en muchos casos judiciales.
Sin embargo, la prueba electrónica presenta desafíos específicos, sobretodo a la hora de demostrar su autenticidad y eficacia probatoria..
Autenticidad VS eficacia probatoria
La jurisprudencia (según la RAE, «conjunto de las sentencias de los tribunales, y doctrina que contienen») ha aclarado una diferencia muy importante a tener en cuenta entre dos conceptos: la autenticidad y la eficacia probatoria.
Según la Sentencia del Tribunal Supremo (STS) 1109/2002 del 25 de Noviembre de 2002, citamos textualmente, «una cosa es la autenticidad de un documento y otra la eficacia probatoria».
-
- La autenticidad se refiere a la confirmación de que un documento es genuino y realmente proviene de quien dice ser. En otras palabras, es una prueba de que el documento no ha sido falsificado y es totalmente legítimo.
-
- La eficacia probatoriase relaciona con el poder del documento para demostrar los hechos en cuestión.
Aunque un documento sea auténtico, no garantiza que pueda probar los hechos por sí solo. Su eficacia probatoria depende de cómo contribuye a la verdad en el contexto del caso.
Un documento que no esté autenticado o que sea impugnado puede ser considerado junto con otras pruebas, pero no tendrá el mismo peso para probar los hechos de manera independiente.
Pero… ¿realmente funciona así?
En los tribunales españoles, la teoría sobre cómo manejar las pruebas y la práctica real a menudo no coinciden tal y como está escrito en las leyes, y esto crea problemas serios.
Aunque son las mismas leyes las que dicen claramente cómo deben tratarse las pruebas, la realidad en los juzgados es muy diferente.
Esto lleva a la mala praxis, que afecta negativamente la justicia.
Un buen ejemplo de esta diferencia es la «excepción de buena fe». La idea detrás de esta excepción es que, si la policía obtiene pruebas de manera ilegal pero lo hace pensando que está actuando legalmente, esas pruebas pueden ser aceptadas en el juicio.
En teoría, esto suena razonable porque evita que se excluyan pruebas importantes solo por errores técnicos. Sin embargo, en la práctica, esta excepción se usa de manera problemática.
Los jueces y fiscales la aplican para aceptar pruebas que, en otros casos, deberían ser rechazadas por violar derechos fundamentales. Esto crea incertidumbre, ya que la decisión de aceptar o no estas pruebas depende mucho del criterio personal del juez o de la presión del momento.
Esta flexibilidad puede permitir que se acepten pruebas que no deberían ser aceptadas, y que socaven la protección de los derechos y generen desconfianza en el sistema.
Además, la mala praxis en el manejo de las pruebas puede tomar varias formas.
-
- Un problema común es el error en la admisión y valoración de las pruebas. A veces, los jueces y abogados tienden a cometer errores al decidir qué pruebas son válidas y cómo deben ser valoradas. Estos errores pueden ocurrir por falta de conocimiento o por presión para resolver los casos rápidamente. Cuando esto sucede, tanto las víctimas como los acusados pueden verse injustamente perjudicados.
-
- Otra forma de mala praxis es la manipulación de pruebas. Esto ocurre cuando alguien altera, oculta o falsifica pruebas para cambiar el resultado del juicio. La falta de controles eficaces para detectar y castigar estas acciones permite que ocurra más a menudo de lo que debería.
-
- La falta de formación y recursos también puede llegar a generar mala praxis. Muchos jueces y abogados no están totalmente capacitados para poder manejar pruebas complejas o nuevas tecnologías. La falta de recursos para investigar y evaluar pruebas de forma adecuada puede derivar, tristemente, en decisiones basadas en información incorrecta o incompleta. Para solucionar estos problemas y reducir la brecha entre la teoría y la práctica, necesitamos reformas urgentes.
¿Qué sacamos en claro de todo esto?
En SL Legal Consulting lo tenemos muy claro: “La prisa por obtener resultados rápidos a veces lleva a tomar atajos que comprometen la justicia y puden perjudicar tanto al acusado como a la víctima”.
Es esencial que los jueces y abogados reciban mejor formación para manejar, tal y como merecen, las pruebas de un caso, especialmente en los casos más complicadas.
Además, es necesario asegurar que haya suficientes recursos para investigar y evaluar las pruebas de manera efectiva.
También deben establecerse reglas más estrictas para, así, poder evitar y sancionar la mala praxis, para así garantizar que los principios legales se apliquen de manera justa y consistente.
La justicia no debe depender de la suerte o de decisiones arbitrarias. Tiene que basarse en normas claras y justas. Solo con reformas serias y un enfoque más riguroso en estos problemas podremos recuperar la confianza en el sistema judicial y asegurar que se haga justicia de verdad para todos.